"Esto que estamos haciendo hoy aquí —estar en un café hablando de política con cámaras, con micrófonos—, les parecerá la cosa más normal del mundo; déjenme decirles que esto, si estuviéramos en Nicaragua, sería imposible. Y de hacerlo, ya estaríamos todos presos: yo por ser opositora y ustedes por ser periodistas".
Tamara Dávila explica esto delante de una bandera nicaragüense colocada al revés y ante un grupo de reporteras y reporteros. Está en la Ciudad de México, en el antiguo café El Gran Prix de la colonia San Rafael. El encuentro lo organiza el Comité Mexicano por la Democracia y las Libertades en Nicaragua. El tema central es el papel que el gobierno mexicano debe asumir ante la crisis en ese país.
La discusión se reactivó tras las declaraciones de Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, sobre la eliminación de las elecciones a cargos populares por voto democrático.
Daniel Ortega, presidente de Nicaragua. Foto: @DiazCanelB
"Aquí no volverá a haber elecciones", dijo hace unas semanas en Managua durante el aniversario 47 de la Revolución Sandinista. El mandatario de 80 años, en el poder desde 2021, justificó que no permitirá que la oposición intente "atrapar el gobierno".
Su postura, interpretada como un peldaño más en el desmoronamiento democrático del país —donde de por sí no hay elecciones libres desde hace años— provocó que el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) convocara a una sesión extraordinaria el pasado 5 de agosto.
Sin embargo, la resolución para citar a los cancilleres del continente no pudo votarse pues los países promotores no reunieron los 18 votos necesarios. Esta falta de consenso traslada el foco a la diplomacia mexicana y a la postura que tomará nuestro país ante la deriva política en Nicaragua.
Al respecto, el Comité Mexicano por la Democracia y las Libertades en Nicaragua solicitó formalmente a México que tome una posición clara que impulse una transición democrática. La exigencia confronta a una política exterior que durante años ha mantenido distancia frente a las denuncias internacionales en contra de Ortega por las reiteradas violaciones a derechos humanos; una línea justificada internamente por la herencia ideológica y los vínculos históricos de la izquierda mexicana con la revolución sandinista, pero que ante los excesos del régimen pareciera cada vez más difícil de sostener.
El Grupo Voluntario de la OEA sobre Nicaragua, copresidido por Chile y Canadá, se reunió la semana pasada para intercambiar puntos de vista y analizar los próximos pasos. Foto: @OEA_oficial
Tamara Dávila forma parte de un grupo de nicaragüenses que perdieron la existencia jurídica para su propio Estado. Su estatus actual quedó configurado mediante decretos de apatridia que implicaron la expulsión del registro civil y la anulación total de sus documentos básicos.
Para ella, igual que para las más de 400 personas desnacionalizadas por el gobierno de Daniel Ortega, el quiebre alteró la cotidianidad. Volver a empezar su vida implicó para ella y su familia aprender a gestionar el día a día sin pasaporte, sin cédula y sin una identidad civil reconocida en su país natal.
Esta condición se manifestó de forma restrictiva tras el nacimiento de su hija. El trámite ordinario para inscribir a una recién nacida se transformó en un obstáculo legal que evidenció su situación: la de una madre sin reconocimiento jurídico internacional, cuya vida familiar y memoria transcurren al margen de los papeles oficiales. El documento de filiación operó como una frontera burocrática.
El éxodo de Tamara coincide con el desplazamiento de miles de personas originarias de la nación centroamericana. Más de 800 mil nicaragüenses abandonaron el país durante la administración de Daniel Ortega, consolidando un éxodo que modificó la composición comunitaria en países como Costa Rica, Estados Unidos y España, los principales destinos de acogida. Los motivos de la salida se originaron principalmente por la crisis económica y la persecución política.
De acuerdo con el Banco Mundial y el Programa Mundial de Alimentos, Nicaragua permanece estancada como una economía de ingreso medio-bajo: uno de cada tres ciudadanos vive en condiciones de pobreza; un rezago histórico que en el continente americano sólo es superado por Haití, agravado, además, por un entorno de centralización del poder y deterioro de las instituciones.
Tamara creció en una Nicaragua bajo el imaginario de la revolución sandinista que derrocó a la dictadura de Anastasio Somoza en 1979; un proceso que funcionó como referente para la izquierda continental.
—Fue un proyecto hermoso, pero eso ya no existe —reflexiona desde el exilio.
UNAMOS, organización progresista que carece de reconocimiento jurídico en Nicaragua. Foto: Especial
Psicóloga de formación, Dávila inició su vinculación pública en los movimientos sociales y el activismo feminista, enfocada en la prevención de la violencia de género y la defensa de los derechos sexuales. Su integración a la política de partidos ocurrió posteriormente al incorporarse a UNAMOS, una organización progresista que actualmente carece de legalidad jurídica en Nicaragua.
En 2018, durante las movilizaciones contra las reformas al sistema de seguridad social que derivaron en una protesta generalizada en universidades y calles, Tamara asumió tareas de apoyo humanitario, asistiendo a familias de víctimas, gestión de atención médica y coordinación de servicios funerarios en un escenario donde los hospitales públicos negaban el acceso a las personas heridas.
Esa participación la llevó a coordinar la Unidad Nacional Azul y Blanco, una plataforma que buscaba aglutinar a diversos sectores opositores para presionar por una salida pacífica. La confluencia de distintas corrientes modificó su perspectiva sobre el disenso: la oposición abandonó el plano puramente ideológico para centrarse en la recuperación de las libertades civiles básicas.
A partir de esa vivencia, Tamara comenzó a decantarse por una postura que mantiene firme hasta el día de hoy: las dictaduras carecen de adscripción ideológica fija, pudiendo adoptar discursos de izquierda o de derecha. Para ella, el factor común radica en la concentración absoluta del poder y la anulación de los contrapesos institucionales.
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Señalar públicamente que el modelo de Ortega y Rosario Murillo, su esposa, se había consolidado como una estructura autocrática de carácter familiar la colocó en la mira directa del Estado.
La escala de la represión condujo al desmantelamiento de cualquier espacio de organización pública en Nicaragua. El activismo en las calles se volvió insostenible y la disidencia se pagó con el encierro.
Tamara Dávila fue detenida y pasó veinte meses en prisión, aislada en las celdas del complejo policial El Chipote. Aquel encierro no sería el destino final, sino el preámbulo de una última orden ejecutiva: la pérdida de su nacionalidad y la expulsión definitiva de Nicaragua hacia el destierro.
"Lo que pasa es que seguimos viendo a Nicaragua y su política con nostalgia", afirma Carlos Sotelo García, exsenador y dirigente histórico de la izquierda mexicana. Su análisis apunta a los mitos construidos alrededor de la revolución sandinista, cuando el país se convirtió en el referente de transformación para el continente.
Tamara Dávila, exiliada política, con integrantes del Comité Mexicano por la Democracia y las Libertades en Nicaragua. Foto: Israel Fuguemann
En el imaginario de una generación quedaron fijos los nombres de Augusto C. Sandino, la poesía de Ernesto Cardenal y las letras de Gioconda Belli o Sergio Ramírez, junto a la música de los hermanos Mejía Godoy. Aquella corriente de solidaridad internacional moldeó las convicciones de la izquierda mexicana que creció durante el proceso de 1979.
Sotelo plantea que el problema radica en que esa estampa pertenece a una Nicaragua inexistente. La movilización armada que derrocó a la dictadura de Anastasio Somoza terminó desvirtuada por el ejercicio de poder que hoy encabezan Daniel Ortega y Rosario Murillo. Preservar el recuerdo de aquella gesta no puede operar como un argumento para el encarcelamiento de disidentes y el destierro de quienes representan una incómoda oposición al régimen.
En el marco del aniversario de la revolución sandinista se dio a conocer que el embajador de México en Managua, Guillermo Zamora Villa, habría enviado una carta oficial de felicitación a la copresidencia nicaragüense. La misiva expresaba "cariño y admiración" hacia el gobierno de Ortega, asegurando que el país se encontraba "muy bien representado" por su administración.
Sotelo califica el documento como una misiva "salamera" e institucionalmente lamentable. Su crítica radica en una premisa básica: los embajadores no emiten posturas a título personal, sino que personifican formalmente la postura del Estado mexicano. En su lectura, la carta representaría un alineamiento incondicional que contradice los principios democráticos que el propio México defiende internamente.
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La controversia llegó hasta la conferencia matutina en Palacio Nacional. Al ser cuestionada sobre los dichos del presidente Ortega en torno al fin de las elecciones democráticas en Nicaragua, la presidenta Claudia Sheinbaum evitó emitir una condena directa y optó por apelar al principio de autodeterminación de los pueblos. Aunque afirmó de manera general que su administración "siempre está de acuerdo con la democracia", fue renuente a desmarcarse explícitamente del rumbo totalitario nicaragüense.
Para Sotelo, la ausencia de una reacción contundente por parte del gobierno federal es un error. Considera que ante declaraciones de tal gravedad, la Secretaría de Relaciones Exteriores debió emitir una señal diplomática clara, como llamar al embajador a consultas o retirarlo temporalmente de sus funciones para marcar una distancia sana. Semejante inacción, advierte, transmite un mensaje que amplios sectores de la ciudadanía mexicana no comparten ni aceptan.
El exsenador sostiene que México reúne las condiciones políticas y la autoridad histórica necesarias para convocar a una mesa de negociación entre el régimen y el bloque opositor. La apertura de este canal evitaría que el arbitraje de la crisis quede supeditado a los intereses de Washington, cuya agenda en la región difiere de las prioridades de la sociedad nicaragüense por recuperar la autonomía de sus instituciones.
Mantener una solidaridad automática basada en la herencia histórica implica ignorar el desmantelamiento de las libertades del presente. La coyuntura ofrece a la diplomacia mexicana la oportunidad de reactivar su tradición de liderazgo continental, articulando un mecanismo que devuelva a la ciudadanía nicaragüense la capacidad de decidir su propio rumbo político.
Daniel Ortega y Rosario Murillo, su esposa. Foto: @DiazCanelB
La expulsión del territorio no detuvo la persecución. Tamara Dávila sostiene que una de las secuelas más complejas ocurre dentro de Nicaragua, donde el tejido social se desarticuló mediante la instalación del miedo en la vida cotidiana. La fragmentación familiar, la vigilancia comunitaria y la autocensura sistemática constituyen una herida que persistirá más allá de la permanencia de Daniel Ortega y Rosario Murillo en el poder.
Ese control estatal alteró los vínculos entre quienes permanecen en el país y los que salieron al exilio. Tamara relata que sus familiares restringen los horarios de las comunicaciones telefónicas ante el riesgo de que las líneas estén intervenidas; una conversación ordinaria sobre la realidad nacional puede comprometer la seguridad de quienes viven en el país. El destierro implica así un aislamiento doble: la distancia geográfica y la imposibilidad jurídica de retornar a su propio país.
Desde el exterior, algunas organizaciones civiles intentan estructurar una ruta hacia la transición por la que apuestan. Tamara continúa su militancia en UNAMOS, fuerza política progresista que opera en la clandestinidad internacional tras ser proscrita y ver a su dirigencia criminalizada en la lista de opositores desterrados. Para la activista, la diáspora no puede asumir un rol pasivo de espera, sino que debe coordinar las bases operativas para un eventual retorno que permita restituir los derechos fundamentales.
El proceso de democratización que plantea no arranca de forma inmediata en las urnas. La viabilidad del cambio demanda, como requisitos previos, detener la represión y asegurar tanto la liberación de los presos políticos como el libre ingreso de los exiliados. Cumplidas esas garantías, correspondería iniciar la reestructuración de los poderes judicial y electoral, revirtiendo la centralización institucional implementada por el aparato gubernamental. Solo bajo esas condiciones las votaciones adquirirían legitimidad.
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El reto posterior será de carácter civil. La sustitución de los liderazgos en el Ejecutivo no disolverá la desconfianza colectiva acumulada. Una sociedad habituada a la delación y al castigo requerirá un periodo prolongado para recuperar la capacidad de organización pública sin el peso de las represalias. Recomponer el pacto comunitario representa la tarea más compleja de la etapa post-Ortega.
Tamara proyecta ese escenario basándose en una premisa clara: no se busca restaurar el pasado ni replicar el entorno que conoció su familia durante la verticalidad del sandinismo histórico. La aspiración se orienta hacia la edificación de un modelo democrático que rompa con los ciclos de caudillismo y autoritarismo tradicionales de la región.
En este mapa de presiones, la postura de México resulta estratégica. Dávila y el Comité Mexicano por la Democracia y las Libertades en Nicaragua dirigen sus peticiones a la administración de Claudia Sheinbaum.
El objetivo inmediato es que la cancillería mexicana sume su voto a los 18 apoyos que el Consejo Permanente de la OEA busca para convocar a la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores. La presión externa, sostiene la activista, es el único mecanismo capaz de obligar al régimen a aceptar un arbitraje; de lo contrario, el silencio de la región terminará validando la existencia de ciudadanos sin país como ella.